La Asamblea Nacional de Rectores dice que las dañaría económicamente, porque el número de alumnos morosos es considerable.
Las universidades privadas se perjudicarían en sus ingresos. (Martín Pauca)
El fallo del Tribunal Constitucional (TC), en el que se establece que ninguna universidad privada puede impedir que los estudiantes que no hayan pagado sus pensiones no puedan rendir sus exámenes, sigue generando debate. El titular de la Asamblea Nacional de Rectores, Iván Rodríguez, dijo que se afectaría económica y administrativamente a los centros de estudios privados.
Rodríguez señaló que esta medida solo favorece al alumno que no puede realizar el pago a tiempo, pero, a la vez, perjudica el ingreso económico de las universidades. “Van a tomarlo con preocupación porque no es solo un alumno el que se retrasa o el que debe. Siempre es un porcentaje considerable de deudores, y las universidades privadas necesitan caja porque hacen pagos y gastan todos los días”, sostuvo.
El también rector de la universidad Ricardo Palma aclaró que esta situación, de alumnos que no pueden pagar sus pensiones, se soluciona de forma distinta en cada centro de estudios, según sus reglamentos. Añadió que en la mayoría de universidades los alumnos deudores se matriculan, rinden sus exámenes y, luego, regularizan el pago de sus pensiones atrasadas en el semestre siguiente.
No obstante, Rodríguez se mostró a favor de la determinación tomada por el tribunal por considerar “la educación un derecho de base fundamental que se superpone a los derechos privados”.
ESTUDIANTES PROTEGIDOS. Como se recuerda, el TC se pronunció ante la denuncia del alumno Flavio Jhon Rojas contra la Universidad Garcilaso, que impidió que rinda sus exámenes al no haber cumplido con el pago de la pensión. El tribunal determinó que esta decisión constituía una intervención desproporcionada en el derecho fundamental a la educación.
La institución consideró que, actualmente, el pago de los derechos académicos se podría encontrar garantizado con la imposibilidad del alumno moroso de matricularse en el ciclo siguiente.
Las universidades privadas se perjudicarían en sus ingresos. (Martín Pauca)
El fallo del Tribunal Constitucional (TC), en el que se establece que ninguna universidad privada puede impedir que los estudiantes que no hayan pagado sus pensiones no puedan rendir sus exámenes, sigue generando debate. El titular de la Asamblea Nacional de Rectores, Iván Rodríguez, dijo que se afectaría económica y administrativamente a los centros de estudios privados.
Rodríguez señaló que esta medida solo favorece al alumno que no puede realizar el pago a tiempo, pero, a la vez, perjudica el ingreso económico de las universidades. “Van a tomarlo con preocupación porque no es solo un alumno el que se retrasa o el que debe. Siempre es un porcentaje considerable de deudores, y las universidades privadas necesitan caja porque hacen pagos y gastan todos los días”, sostuvo.
El también rector de la universidad Ricardo Palma aclaró que esta situación, de alumnos que no pueden pagar sus pensiones, se soluciona de forma distinta en cada centro de estudios, según sus reglamentos. Añadió que en la mayoría de universidades los alumnos deudores se matriculan, rinden sus exámenes y, luego, regularizan el pago de sus pensiones atrasadas en el semestre siguiente.
No obstante, Rodríguez se mostró a favor de la determinación tomada por el tribunal por considerar “la educación un derecho de base fundamental que se superpone a los derechos privados”.
ESTUDIANTES PROTEGIDOS. Como se recuerda, el TC se pronunció ante la denuncia del alumno Flavio Jhon Rojas contra la Universidad Garcilaso, que impidió que rinda sus exámenes al no haber cumplido con el pago de la pensión. El tribunal determinó que esta decisión constituía una intervención desproporcionada en el derecho fundamental a la educación.
La institución consideró que, actualmente, el pago de los derechos académicos se podría encontrar garantizado con la imposibilidad del alumno moroso de matricularse en el ciclo siguiente.
